Más que palabras
Breve laboral
Los firmantes del convenio de Hostelería, dejan en suspenso el salario ya pactado.
Tras la firma del Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con Sindicalistas de Base, esta organización escindida de CC.OO ha dado marcha atrás y ha atendido la petición de la patronal para no hacer efectivo el abono del salario previamente pactado. Los empresarios han alegado indisponibilidad económica para atender su compromiso por “alta” cuantía de lo pactado, argumento este que contrasta con la larguísima congelación salarial que han sufrido los trabajadores, los sueldos miserables de la mayoría de las categorías laborales y los elevadísimos beneficios empresariales que ha tenido el sector.
El servicio de Mediación de Canarias (SEMAC) inoperativo por la falta de personal
Este servicio, encargado entre otras misiones de mediar y conciliar por la vía del acuerdo los conflictos laborales entre empresa y trabajador, carece de medios técnicos y humanos haciéndole inoperativo y alargando innecesariamente el proceso de tramitación previa a la entrada de las demandas en los juzgados de lo Social.
El alcalde de Tacoronte, tacha de inmoral el Convenio colectivo
Los premios por jubilación o la celebración de asambleas en horas de trabajo, son las razones esgrimidas por el dictadorzuelo alcalde de Coalición Canaria, Álvaro Dávila, para condenar y calificar de “inmoral” el Convenio Colectivo firmado voluntariamente en su momento entre la corporación y la representación de los trabajadores del ayuntamiento de Tacoronte. Antes de estas destempladas declaraciones, varias concejalas del mismo grupo político de Dávila presentaron al pleno su cese irrevocable por resultarles imposibles la convivencia con el déspota alcalde.
Se acentúa la regresión social y laboral
Como efectos de una gran campaña de manipulación social, acontecimientos como los graves síntomas que indican el camino sin retorno hacia la extrema degradación climática, vienen siendo menospreciados a pesar de sus trágicas y futuras consecuencias. Tampoco la retirada de los EE.UU del acuerdo sobre el control de armas nucleares pactado con Rusia, ha tenido la suficiente relevancia difusora a pesar de encontrarnos ante la posibilidad de estar avanzando hacia una peligrosa confrontación armada. Geográficamente más cerca, la actualidad y atención política se mueve entre las grotesca tramoya en torno a las negociaciones del gobierno español con los soberanistas catalanes y el juicio político a los presos independentistas del process. También la intoxicación de la opinión pública en el objetivo del desgaste de Nicolás Maduro, como único y legítimo presidente venezolano se suma a esta danza macabra. En estos contextos colindantes y supranacionales, la convergencia de la ultraderecha española se apresura a sacar partido para forzar la quiebra de los avances sociales de esta frágil democracia. En esta interminable ceremonia de deformación y manipulación, los trabajadores del estado español, pero especialmente los de esta colonia atlántica, llevan la peor parte. La anunciada recuperación de los derechos laborales se volatizan; la divulgada derogación de la nefasta reforma laboral se pospone sine die; la clase empresarial extrema la explotación de los trabajadores, y la calidad y cohesión de los servicios públicos continúan en un acelerado proceso de deterioro. La pobreza, el desempleo, los bajos salarios y la paupérrima calidad laboral, se mantienen como los elementos vergonzantemente identificativos del País canario. Asistimos, por tanto a una confabulación del “lado obscuro” que pretende paralizar el avance social y la voluntad soberana de los pueblos que las fuerzas del progreso debemos impedir.
El gobierno debe someter a referéndum su propuesta
Intersindical Canaria demanda del gobierno de Canarias la paralización de los trámites parlamentarios para la aprobación de Ley del Suelo, sometiendo dicho proyecto a consulta popular mediante un referéndum vinculante entre la población de las islas.
El proyecto de La Ley elaborado por el Gobierno que pretende establecer las normas de ordenación territorial del País Canario, supone un hecho de máxima trascendencia pues por su contenido se confirma que abre las puertas a un desarrollo urbanístico a la carta y sin el suficiente control, pero además, la retórica ambientalista de su redacción, esconde múltiples coladeros para, sin control, promover la política urbanística y del ladrillo. La Ley del Suelo, cede discrecionalmente gran parte de las competencias sobre disciplina urbanísticas a las corporaciones locales, dejando las decisiones sobre urbanismo al albur de los intereses de grupos de presión municipal o insular y hurtando al Gobierno autónomo sus actuales competencias de ordenación y protección del suelo para el conjunto del Archipiélago como un espacio territorial, nacional, integral y sometido a los mismos riesgos de desarrollismo y fragilidad.
Especialmente peligrosa resulta el apartado en el que, al amparo del "interés general", se den vía libre a obras de carácter público o privado en zonas actualmente protegidas que lesionará el patrimonio natural e incluso arqueológico. Por otra parte, la maraña de conceptos sin suficiente definición y la indeterminación de planteamientos jurídicos no aclarados en el proyecto de ley, tal como han reiterado los expertos, conlleva abonar el terreno para, aparte de la ambivalencia interpretativa, impulsar la controversia y la judicialización de la aplicación de las normas a ejecutar. Este hecho contradice la filosofía argumentada por el propio Gobierno para la aprobación de la ley, cuando afirma que la misma pretende la simplificación y la agilización de los plazos ante cualquier acción urbanística o territorial.
En definitiva, la Ley del Suelo que se pretende ahora aprobar, con diferencia, cuenta con más aspectos desfavorables que positivos, supone una peligrosísima regresión en materia de protección territorial de las islas. Pero además con su aprobación y ejecución, el gobierno canario de Clavijo y sus escuderos el Partido Popular, caminan en sentido contrario a la Comunidad Internacional en su lucha contra el cambio climático, colaborando a la degradación medioambiental de nuestro Archipiélago, precisamente cuando los síntomas del empeoramiento del clima son cada día más evidentes.
Opinión
Los hechos
demuestran ...
que la organización y unidad de los trabajadores, es la herramienta más efectiva para la protección de sus derechos y avanzar en su dignificación laboral y social. Todo los grandes retrocesos sufridos por los trabajadores han coincidido con su desmovilización y apatía, todos los grandes avances de la clase trabajadora han sido acompañados de procesos de unidad laboral y lucha sindical. La forma natural y más efectiva de concentración de fuerzas para que se nos respete está en los sindicatos como organizaciones de los trabajadores.