Se acentúa la regresión social y laboral
Como efectos de una gran campaña de manipulación social, acontecimientos como los graves síntomas que indican el camino sin retorno hacia la extrema degradación climática, vienen siendo menospreciados a pesar de sus trágicas y futuras consecuencias. Tampoco la retirada de los EE.UU del acuerdo sobre el control de armas nucleares pactado con Rusia, ha tenido la suficiente relevancia difusora a pesar de encontrarnos ante la posibilidad de estar avanzando hacia una peligrosa confrontación armada. Geográficamente más cerca, la actualidad y atención política se mueve entre las grotesca tramoya en torno a las negociaciones del gobierno español con los soberanistas catalanes y el juicio político a los presos independentistas del process. También la intoxicación de la opinión pública en el objetivo del desgaste de Nicolás Maduro, como único y legítimo presidente venezolano se suma a esta danza macabra. En estos contextos colindantes y supranacionales, la convergencia de la ultraderecha española se apresura a sacar partido para forzar la quiebra de los avances sociales de esta frágil democracia. En esta interminable ceremonia de deformación y manipulación, los trabajadores del estado español, pero especialmente los de esta colonia atlántica, llevan la peor parte. La anunciada recuperación de los derechos laborales se volatizan; la divulgada derogación de la nefasta reforma laboral se pospone sine die; la clase empresarial extrema la explotación de los trabajadores, y la calidad y cohesión de los servicios públicos continúan en un acelerado proceso de deterioro. La pobreza, el desempleo, los bajos salarios y la paupérrima calidad laboral, se mantienen como los elementos vergonzantemente identificativos del País canario. Asistimos, por tanto a una confabulación del “lado obscuro” que pretende paralizar el avance social y la voluntad soberana de los pueblos que las fuerzas del progreso debemos impedir.
Arrecia la ofensiva antidemocrática
La sanción económica impuesta al sindicalista Jacinto Ortega por denominar corrupto al empresario y la absolución del policía que agredió a Dunia Ramos por portar una bandera nacional canaria, evidencia el retroceso en las libertades sindicales y políticas y el mantenimiento de la deriva opresora en el País canario.
Sin cargos el policía local de acusado de agredir a una mujer tras arrebatarle una bandera canaria
El pasado 19 de enero, la Magistrada del Juzgado de lo Penal de Las Palmas, doña Mónica Oliva, absolvía al policía local, Antonio Aníbal Álamo Ramos, de un delito de lesiones, desestimando la denuncia formulada por doña Dunia Ramos Medina, por haber sido objeto de una agresión física y de la retirada violenta de una bandera nacional canaria durante la fiesta de La Rama del 2013 en el municipio grancanario de Agaete. Instantes antes del incidente, el policía advirtió vociferante: "Ahi está el alcalde", refiriéndose a Antonio Calcines del PP. La agredida, por las lesiones recibidas en una pierna necesitó de dos días de ingreso hospitalario y de tratamiento rehabilitador, tardando en curar 422 días (229 impeditivos y 193 no impeditivo).
La sentencia tras alargarse en 4 páginas de retórica procesal y de jurisprudencia que no vienen al caso, afirma que no queda acreditados que las lesiones sufridas por la señora Ramos hayan sido ocasionadas por el ataque directo y empujones realizados por el agente Álamo Ramos y que, contrariamente, resulta creíble que haya sido el resultado de una caída cuando la ciudadana se disponía a recuperar la bandera arrebatada por el policía.
Aunque el texto de la sentencia de 9 páginas elude precisarlo, la bandera objeto del grave incidente, es una bandera canaria con siete estrellas, aunque sí afirma, sin merecer tampoco sanción o reprobación judicial alguna, que el tal Antonio Aníbal, arrebató la bandera sujeta a una caña, partió esta y la lanzó contra una montículo de los alrededores.
Intersindical Canaria disiente enérgicamente de esta sentencia judicial y hacemos nuestro el testimonio de doña Dunia Ramos, avalada además por las testigos de los hechos. La versión policial, merecedora de una sorprendente credibilidad para la judicatura, recuerda a la argumentada tantas veces por los cuerpos policiales y los ámbitos gubernamentales cuando se ha ejercido la violencia contra las posiciones políticas o sindicales que propugnan el cambio y la justicia social, y que en esta ocasión la simbolizaba una bandera nacional canaria portada por una pacífica ciudadana en un acto festivo. Además, el fallo judicial es una más que sumar a la actual deriva represiva contra la libertad de expresión, y los derechos sindicales y nacionales del conjunto de los canarios.