Las silenciadas víctimas de SPANAIR en el Parlamento

"A DEMOCRACIA BURGUESA COMIENZA A DESVESTIRSE PARA DEJAR AL DESNUDO EL VERDADERO CUERPO DEL ESTADO: LA DICTADURA DEL CAPITAL.

EL ESTADO ESPAÑOL EMPLEA LAS PENAS DE PRISIÓN PARA FRENAR Y AMEDRENTAR LA RESPUESTA DEL MOVIMIENTO OBRERO A LOS ATAQUES DE LA CLASE CAPITALISTA."

Como corresponde a los periodos de crisis de sobreacumulación de capital, el Estado va abandonando las formas de democracia burguesa y busca mecanismos de represión que frenen la protesta obrera y popular. Por ejemplo, en los años 70 se desarrollo otra crisis capitalista que obligaba a la clase dominante a implementar toda una serie de reformas para incrementar la extracción de plusvalía y revalorizar así el capital sobreacumulado, pero en aquel momento necesitaba también cambiar la forma de estado, su forma de dominio, pues la vieja dictadura fascista de Franco acumulaba un fuerte desprestigio y rechazo de las masas y para operar las reformas con mayor legitimidad y reducir el conflicto, necesitaban un cambio en la forma de dominación y así poder tomar las medidas represivas necesarias con mayor legitimidad. Así en el paso del franquismo al juancarlismo se procesaron líderes sindicales, se cometieron crímenes de estado (asesinatos políticos), detenciones, torturas,...

En la actualidad la fiscalía comienza a hacer un uso casi continuo de un artículo del código penal que sirve para solicitar penas de prisión a las trabajadoras y trabajadores sindicalistas que en el contexto de huelgas intenten informar a sus compañeras y compañeros en los piquetes.

Sólo en 2010 y 2012 la fiscalía solicitó más de 140 años para trabajadoras y trabajadores que participaron en piquetes durante huelgas. Se les acusa de delitos contra los derechos de los trabajadores. Se trata de una persecución política para crear un clima de miedo a la protesta y limitar el derecho de huelga. Las penas son como mínimo de 3 años de prisión, pero han llegado a los 8 años, como en el caso de los miembros del comité de empresa de AIRBUS. Son más de 200 imputados.

Quiero comentar algunos casos comenzando por mis compañeras de Intersindical Canaria, ya que el presente artículo he tenido que modificarlo al conocer que la Audiencia Provincial de Las Palmas revoco la sentencia absolutoria de primera instancia condenándolas a 6 meses de prisión y una fuerte sanción económica. En un principio el fiscal solicitaba la pena de un año de prisión por desplegar una pancarta el día de la mujer trabajadora dentro de las instalaciones de la patronal, pero el juzgado de primera instancia las absolvió. Posteriormente la fiscalía recurre la sentencia y la Audiencia Provincial las condena. Este accionar de la fiscalía se ha repetido con varios casos en otros puntos del Estado, por lo que se ven claras intenciones de emplear todo el arsenal jurídico y judicial para reprimir y frenar la protesta obrera antes las reformas. Se trata de Luci Rodríguez, Guacimara Viera, Aisha Rodríguez, Asunción García y Pino Monzón. La más joven, al tener antecedentes por una condena similar anterior, corre el riesgo de entrar en prisión. La enorme ola de solidaridad que se movilizó durante la primera fase del proceso, tanto en nuestra nación canaria como fuera, debe volver a reactivarse. Igualmente por el compañero Carlos García, médico y delegado sindical de Intersindical Canaria, condenando por un juzgado de Santa Cruz de Tfe. al abono de 12 mil euros por la publicación de un artículo titulado “La inmoral paga de los directivos de la Sanidad Pública”, al considerar que su contenido suponía una intromisión ilegítima en el honor de los altos mandos señalados en la denuncia.

En otras naciones y pueblos dentro del Estado Español la clase obrera también es atacada por denunciar el atropello de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Por ejemplo, la entrada en prisión del joven obrero vallecano, Alfonso Fernández Ortega, “Alfon”, condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de llevar un artefacto explosivo en la huelga del 14 de noviembre de 2012, a cuya condena se suma otro año impuesto por «resistencia a la autoridad». El joven se dirigía a un piquete informativo cuando es detenido. La policía afirmó que llevaba una bolsa con explosivos, Alfon dice que la policía le mostró esa bolsa y le amenazó con imputarle “tenencia de explosivos” si no identificaba fotográficamente a miembros de los Bucaneros u otros jóvenes antifascistas. En Granada conocemos el caso de Carlos Cano (licenciado en Medicina) y Carmen Bajo (Animadora Socio-Cultural) condenados a 3 años de prisión por participar en un piquete, durante la huelga general del 29 de marzo de 2012, que entró en una cafetería donde se discutió con la dueña por su actitud desafiante que impedía dar la información a los trabajadores, hubieron gritos y se colocaron adhesivos. El piquete salió sólo de la cafetería sin necesidad de acción policial quedando abierta la empresa, pero los últimos en salir, Carmen y Carlos, fueron identificados por la policía que llegaba en ese momento. Están pendientes de que el consejo de ministros revise sus solicitudes de indulto. Serafín Rodríguez y Carlos Rivas esperan un indulto que les evite la cárcel: una jueza de Vigo les condenó en 2011 a tres años de prisión por participar en una huelga del sector del transporte, una sentencia que ratificó la Audicencia Provincial de Pontevedra. La magistrada considera que los dos trabajadores incurrieron en un delito contra los derechos de los trabajadores por paralizar varios camiones y lanzar objetos a los mismos. Los dos trabajadores -que no cuentan con antecedentes de ningún tipo- pidieron un indulto, que se les denegó, y solicitaron otro a finales de enero. La jueza ordenó entonces que se paralizara su ingreso en prisión hasta que el Gobierno resolviera este último indulto, pero la Fiscalía recurrió y solicita su encarcelamiento inmediato. Serafín y Carlos cuentan con el apoyo incluso de los dos camioneros cuyos vehículos fueron dañados durante la huelga, que desistieron del proceso y respaldan su indulto. A Rubén Ranz, sindicalista, le piden una condena a prisión junto a su compañero José Manuel Nogales por discutir con un camarero en un piquete informativo en la huelga general del 29 de marzo de 2012, sólo por querer dejar unos panfletos. Un total de tres años y siete meses de prisión para cada sindicalista. Tamara Vidal y Ana Outerelo, dos jóvenes gallegas, profesoras de gimnasia, que trabajan para la subcontrata Serviocio (gestión de piscinas municipales), eran condenadas a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete durante una huelga para mejorar el convenio colectivo de su sector en el 2010. Su delito fue arrojar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños, hecho no probado, y forcejear con el gerente de la piscina para que el piquete entrara en las instalaciones. Además ya han pagado un multa de casi 1.200 euros por los desperfectos causados. El juzgado de primera instancia las condenó a seis meses de cárcel y una multa, pero la Fiscalía Provincial de Pontevedra no contenta recurrió la sentencia pidiendo la pena máxima por coartar el derecho al trabajo de sus compañeros, recurso que la Audiencia Provincial estimó. Han agotado todos los recursos, sólo les queda la petición de indulto. Ana está embaraza y podría dar a luz en prisión. La petición de indulto está apoyada por la Diputación Provincial y por la Empresa de las trabajadoras que al parecer no presentó denuncia y las tiene en buena estima como profesionales, recogieron más de 70.000 firmas. También en septiembre de 2010, Koldo González, sindicalista, y otros cuatro compañeros de organización, participaron en un piquete durante la huelga general de ese año. A día de hoy no hay sentencia firme, pero en febrero fueron juzgados tras una denuncia del propietario de la fábrica donde actuaron. La fiscalía solicitó dos años de prisión por un delito de coacciones, ya que algunos miembros del piquete presuntamente pararon las máquinas. El mismo delito contra los derechos de los trabajadores le imputa la Fiscalía a Katiana Vicens, sindicalista de Baleares, para quien el Ministerio Público solicita cuatro años y medio de cárcel. Supuestamente, Vicens rompió la luna de un autobús durante la huelga general del 29-M de 2012. En la huelga de 2010 se registraron incidentes en la planta de Airbus de Getafe (Madrid) que desembocaron en cargas policiales, dejando varios heridos y algunos disparos al aire por parte de los agentes. José, Tomás, Enrique, Raúl, Rodolfo, Edgar, Armando y Jerónimo, ya conocidos como Los ocho de Airbus, y miembros del comité de empresa, acumulan una petición de la Fiscalía de 66 años de cárcel -ocho para cada uno- por su supuesta participación en los incidentes. En Asturias condenan a 12 años y 6 meses de prisión, multa de 100 meses con cuota de 8 euros y pena de 60 días de localización permanente, a los 5 mineros de “Mina de Cerrado”. Estos casos que comento son recientes y tienen que ver con la respuesta a las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, sin embargo hay Sindicatos que por su acción llevan tiempo sufriendo ataques por parte del Estado, mención especial se debe hacer al Sindicato Andaluz de Trabajador@s (SAT), que parece ser el más represaliado de Europa con más de 600 sindicalistas que acumulan peticiones de prisión que sobrepasan los 400 años de cárcel y se acercan al millón de euros en multas. También hay que mencionar al Sindicato LAB, cuya sede fue allanada por la Guardia Civil el 12 de enero pasado, también con muchos procesados y condenados a prisión como su dirigente histórico, Rafa Diez, condenado a 10 años de prisión por la Audiencia Nacional.

En fin, un gran número de cuantiosas multas a manifestantes, la penalización de las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las sentencias condenatorios con penas de prisión para los sindicalistas, la ley de seguridad ciudadana que prácticamente convierte a la policía en juez, a la vez que aumenta las multas de forma totalmente desproporcionada, son muestras de que las clases dominantes en el Estado español tienen miedo a la protesta y a la organización de la clase obrera y los sectores populares contra las medidas que toman y tendrán que tomar para incrementar la explotación en esta fase senil del capitalismo que ya no soporta el enorme desarrollo de las fuerzas productivas que han alcanzado un carácter social sin precedentes. La crisis de sobreacumulación de capital está servida. Las salidas del capital son la destrucción de fuerzas productivas (paro), incremento de la explotación (reducción de salarios y aumento de jornadas), exportación de capitales (que en un mundo ya repartido nos lleva a la guerra entre potencias imperialistas, tal como ocurrió en la primera y segunda guerra mundial por el reparto de las colonias) y no tiene margen para tomar otras medidas. La salida de la clase obrera pasa por fortalecer su débil organización, recuperar su independencia de clase y su proyecto político propio, y luchar por liderar a los sectores populares en un proceso revolucionario que, desde el ejercicio de la soberanía, convierta todo ese capital fruto del proceso social del trabajo en propiedad social, y resuelva así los antagonismos que nos impiden una existencia digna, una vida que merezca la pena ser vivida, en armonía con el medio ambiente, en fin un proceso que construya el socialismo. A estas alturas de la historia, con este grado de desarrollo de las fuerzas productivas, las crisis de sobreacumulación de capital sólo permiten dos caminos: o el capital impone su ley o la clase obrera impone la suya, no creo posible una gestión social del capitalismo. Ahora vemos con más claridad el gran error que supone concebir al Estado como una institución neutral en el conflicto de clases, tal como mantienen diversas fuerzas políticas que se reclaman de la izquierda. El Estado, con sus tres poderes, es un instrumento de dominación de la clase capitalista, y si hace concesiones o reconoce derechos a la clase obrera y las masas populares es porque estas se los arrancan luchando.

Tito Martín

Intersindical Canaria.

Federación de Salud.

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