Tomás Ramos copiaTomás Ramos

Este viernes 26 de enero, a las 19.30 horas de la noche, en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma, tuvimos el gran “honor” de poder escuchar a nada menos que al Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, el Sr. Luis Fajardo Spínola, que nos viene a hablar de la Ley del Suelo, arropado por toda la institucionalidad de la casta política profesional de la isla de La Palma. Como bien recoge la prensa del régimen, en su largo curriculum vitae se encuentra haber sido “catedrático de la Escuela Universitaria de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y profesor titular de Derecho Administrativo en esa misma Universidad. Durante la Transición democrática fue uno de los líderes del PSOE no exiliados. En el XXVII Congreso del partido, celebrado en 1976, fue elegido secretario ejecutivo de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal, puesto que ocupó hasta 1984. En el ámbito institucional, diputado al Congreso en cinco ocasiones consecutivas, miembro de la Diputación Permanente de la Cámara, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Administraciones Públicas y miembro de la Comisión Constitucional durante la redacción de la Constitución de 1978. Fue miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde presidió la Comisión de Medio Ambiente y de la asamblea de parlamentarios canarios que redactó el proyecto de Estatuto de Autonomía para las Islas Canarias. En las elecciones al Parlamento de Canarias de 1995 obtuvo escaño como diputado por Lanzarote. Tras renovarlo en 1999, abandonó el escaño en 2002, cuando el Parlamento canario lo eligió como miembro del Consejo Consultivo de Canarias de los cuatro que correspondían a la cámara.”

¡¡Impresionante curriculum!! Lástima que, a los medios de comunicación masivos y besamanos se les haya olvidado un detalle muy importante de su historial, que para muchos canarios y andaluces tiene una importancia capital, a la hora de valorar el historial de este señor tan importante: fue miembro de la Comisión Parlamentaria que “investigó” (¿?) las muertes a tiros de dos jóvenes, del andaluz García Caparrós y del canario Javier Fdez Quesada. Y, además, en el caso de la muerte del estudiante canario… fue testigo visual de los hechos. De ambos sucesos se han celebrado este pasado diciembre los 40 años. De sendos crímenes, repito, 40 años después, esta estupenda democracia y ese Congreso tan transparente mantienen bajo llave y en secreto, sin poderse acceder a ellos, los documentos de dicha investigación parlamentaria… como se afirmó, con gran escándalo y vergüenza, en los actos celebrados el pasado mes de diciembre en La Laguna y a los que, quien firma estas líneas, asistió, como testigo también visual de aquella salvajada.

El señor Fajardo Spínola tuvo el “valor” de asistir al acto universitario en recuerdo y homenaje de Quesada, este pasado 12 de diciembre. Pero no para hacer la mínima autocrítica personal e institucional de la labor de tal Comisión Parlamentaria “investigadora”. Sin posibilidad de ser respondido por parte de los presentes, familiares y testigos, se limitó… en su papel de fiel defensor del inmaculado y ejemplar historial de nuestra “Modélica Transición”… a defender la perfección, “dadas las circunstancias”, del trabajo de esa Comisión de la que fue miembro. Recojo las palabras de Carlos Fernández Quesada, hermano de Javier que expresó muy bien el papel de ese grupo de parlamentarios: “un paripé”.quesada parque estudiante

No sé casi nada de leyes, pero creo que es de conocimiento general que, cuando alguien es testigo de unos hechos presuntamente delictivos… y más aún si acaban con un muerto, debe declarar ante la Justicia. Recordemos la actitud del Sr. Fajardo Spínola: Era diputado, fue testigo desde el balcón de su casa de lo que estaba sucediendo, pudo ver entonces que la posterior versión oficial del Ministro Martín Villa era una pura patraña… y ni declaró ante un juez ni declaró ante la Comisión Parlamentaria de la que formaba parte… Para más inri, firmó al final las conclusiones esperpénticas de dicha Comisión. De todo ello, y más, pueden ver cumplida documentación en el magnífico libro de investigación de la jurista malagueña Rosa Burgos, “La Bala que cayó del Cielo”. A Rosa Burgos, que se desplazó a La Laguna este pasado diciembre para los actos de homenaje a Fdez. Quesada, siempre estaremos eternamente agradecidos todos aquellos que quedamos marcados y conmocionados para toda nuestra vida por aquellos hechos y los posteriores.

El Sr. Fajardo Spínola es ya una persona de bastantes años. A pesar de mi evidente, enorme desagrado y antipatía por su persona, no le deseo ningún mal. Lo expreso clara y sinceramente. Le deseo una larga, muy larga vejez, con plenas facultades mentales, en el dorado retiro que disfrutan en su jubilación quienes han sido congresistas y otros altos cargos. Tengo la esperanza, tal vez iluso de mi, que tenga la oportunidad, antes del desenlace final de la vida que a todos nos tocará… de que haga con calma un repaso de su pasado y, tal vez, con la Parca en puertas, acabe llegando a admitir que su actitud y acciones en aquellos momentos trágicos fueron un acto de inmensa cobardía personal y política, una falta absoluta de sensibilidad humana por el dolor de una familia destrozada que merecía justicia, y una burla a quienes pensábamos que, muerto el Criminalísimo y con un Congreso electo, los representantes de la izquierda iban a ser implacables a la hora de no permitir más el ocultamiento de crímenes de esta naturaleza, propios de una dictadura. Pero no, tanto él como representante del PSOE, como el miembro de PCE ya fallecido que también estuvo en esa comisión parlamentaria, no marcaron ningún tipo de diferencias con la actitud previsible de los miembros de Alianza Popular y UCD, miembros natos del franquismo reformado. Todos iguales en ignominia. No fue extraño que poco después de la Ilusión de la Transición, viniera el Desencanto. Porque hechos similares, ocurrieron aquellos años por decenas y decenas, y con las mismas conclusiones de las “investigaciones oficiales”: no hubo culpables, fue un trágico accidente, una bala cayó del cielo, no se puede saber el autor… etc. etc. Y cuarenta años después, “sostenella y no enmendalla”, erre que erre con el cuento de la modélica Transición, modélica Constitución y modélica Justicia española.

Pedro González CánovasPedro González Cánovas

España pasa por una grave crisis política: no han sabido gestionar un sistema democrático después de tantos años de dictadura. La herencia del dictador sigue estando en manos de la descendencia monárquica escogida por Franco y lo que se llamó “transición” se estancó y se rebosa hacía atrás.

La libertad de expresión ha vuelto a la época de la dictadura, pero con un sistema modernizado que ahora controla las nuevas tecnologías. Vuelve a cobrar sentido la búsqueda del anonimato para expresarse públicamente con temas políticos, por ejemplo.

El control estatal y de la derecha, sobre los medios de comunicación y jueces y fiscales, enfocan la educación difundida por su flota mediática hacia un retroceso y exaltación de un conservadurismo desconocido hasta ahora por los nacidos después de la época franquista. Esto supone serias restricciones lingüísticas; en el enfoque histórico; en la realidad internacional y estatal de la realidad política actual; en la visión de los derechos humanos o fundamentales; etc.

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Se llega a tal punto que los voceros políticos, viven en una nube confortable desde la que riegan de analfabetismo y mentiras todo lo que hay por debajo. Las fuerzas de izquierdas españolas, que parecían alternativa a todo eso, resultaron más de lo mismo desde que adquirieron las cuotas mínimas de poder. Su españolismo sí está justificado, pero su ignorancia de los derechos de autodeterminación de los pueblos, de los derechos fundamentales, pueden resultar incomprensibles e impropios del siglo XXI. Pero es que toda Europa camina en el mismo sentido.

España no reconoce la crisis que empezó por limitaciones en los derechos de los trabajadores, bajo un gobierno supuestamente socialista, que firmó con la derecha un Estatuto de los Trabajadores para limitar -por ejemplo- el derecho a la huelga. Siguió con el fortalecimiento de un sistema policial que combatía la discrepancia política, justificado con un reguero de muertos y torturas legales, condenadas en tribunales internacionales. Continuó con la creación de una brecha social, a raíz de una crisis financiera internacional, que pagaron los más pobres y de la que resultan millones de personas atracadas en sus nóminas y sus condiciones de trabajo, con incrementos de cargas laborales. Una reforma laboral que se salda con un incremento gigantesco del índice de suicidios y la expulsión de la vivienda de cientos de miles de familias. Cuando se anuncia el crecimiento de la economía las cifras desvelan una brecha social abismal, donde los ricos han multiplicado sus capitales y el resto es cada vez más pobre. Es la crisis de un sistema democrático desde su nacimiento.

La Constitución de la transición se cambió en apenas un mes de trámite, en 2011, para introducir el cruel artículo 135, que antepone la salud financiera de la banca a la de la ciudadanía. Esto lo consiguió la mayoría representada por PSOE y PP.

En España se ha ejercido un continuado tripartidismo. El bipartidismo de las dos fuerzas políticas que lo encabezan es acolchado por la esperanza de que el tercero crezca y valga como alternativa. Pero el miedo al cambio auténtico se inyecta diariamente en los medios de comunicación y en el discurso de unos acomodados políticos que pueden ser de cualquier partido español indiferentemente.

Lo peor es no reconocer la crisis. Así, la posibilidad de superarla es tan invisible como la propia crisis. Y lo malo es que cuando haya que rendir responsabilidades históricas los culpables ya no estarán ahí.

Por todo eso, el señalado por España de “independentista” se siente hoy más íntegro que cualquier español. Para eso, cuando tengamos nuestra oportunidad, ya rendiremos cuentas ante nuestro Pueblo y, ojalá, no se ejerza en esa Canarias libre la misma política sucia que domina hoy en España.

Wladimiro RodriguezWladimiro Rodríguez

Cuesta hilvanar, en unas pocas líneas, la que ha sido una de las personas más ricas en el plano humano. Fue un hijo de la tierra comprometido con su gente, solidario con el mundo rural, con una sabiduría cargada de un ayer rico en vivencias de gran valor para entender el hoy, y como referencia de un mañana que sembraba todos los días. Pedro fue voluntad de esfuerzo y compromiso hasta el último aliento (estuvo sembrando trigo en el Rodeo, o en el arrastre unas pocas horas antes de entrar en el hospital).

Pedro tenía claro que, en los tiempos que nos toca vivir, el campo no se defiende sólo con el arado y la hoz. Como ejemplo, su convivencia con la ganadería, la labranza para mantener los animales, y los programas en medios de comunicación en los que fue un maestro con gran autoridad, no sólo moral, sino bien documentada. Sus planteamientos sobre el REF, sobre la política agraria, las importaciones, la defensa de la producción local frente a los "lobbys" de los grandes importadores, etc., fueron algunas de las cuestiones que le llevaron a ganarse el respeto de todo el sector. Su papel en la defensa del matadero, la vaca canaria, el queso, las cabras.

Marcó escuela, con los jóvenes incorporados al campo, el arrastre, las vacas y las romerías, como elementos de dignificación y acercamiento del mundo rural a la sociedad urbana, que no quiere que cante un gallo en la madrugada isleña.

Qué decir de Pedro en la defensa del suelo rústico y su filosofía de que "el mejor protector del suelo rústico es el que lo cultiva". No es casual que sea La Laguna el mayor municipio en superficie labrada de Canarias. Recordemos también a Pedro y el "no" a la autopista por Los Rodeos o a la vía al sur de la Mesa Mota.

Pedro fue un maestro autodidacta, capaz de mantener debates sobre economía, medioambiente y entorno económico canario con profesionales de la materia y del mundo universitario. Se ganó el respeto no sólo en el plano ético, campo en el que todo el mundo era consciente de su valía por su defensa del interés colectivo.

Molina fue un muro ante los procesos de vida fácil, comida rápida, "dumping" y campo para urbanizar. Entendemos que es en este ámbito en el que tuvo una visión adelantada a su tiempo, ya que, ante el espejismo del dinero fácil, tierra igual solares, comida barata, campo como sinónimo del pasado, él se plantó en la defensa de la vaca basta (hoy reconocida como una raza propia), de las semillas de nuestra tierra, los aperos de labranza y en sacar a la luz la contaminación con el campo y lo rural, el valor y el precio de las cosas (el agua, la leche).

Ahora oímos hablar de que China es el mayor importador de alimentos del planeta, y de que parte de la deforestación de Brasil, Paraguay y otros es a causa de la plantación de soja para abastecer al gigante asiático, mientras que las cuencas de los grandes ríos Hoang-Ho y Yang-Tse, en los que se cultivaba arroz, ahora son ciudades y autopistas. Pedro, sin viajar a China ni Java, tenía claro que no hay que visitar el Yang-tse para comprometerse con lo pequeño, lo local, lo nuestro. Con su defensa de las tierras para hacer surcos entre Las Mercedes y Mª de Birmagen, dejó un campo cargado de compromiso, con su obra y su buen hacer.

Nena, Pedrito, Cacho y un colectivo amplio, como alumnos, estamos comprometidos con escardar y cuidar su sementera. Sirvan estas líneas para trasladar nuestro respeto y cariño a Pedro y su familia.

 

Chema TanteChema Tante

Sí, atiende, genuflexo Clavijo, porque en esto tú y tu Coalición Canaria, esa empresa con forma de partido, tienen una responsabilidad muy directa, en esto que aparece, no en la prensa guerrillera, no porque  diga la resistencia a tu poder, sino en los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Tú, porque, a pesar de que te amparas en la evidente benevolencia que la justicia en este estado de derecha aplica con las personas que  ejercen el poder, tus hechos y hazañas alimentan con fuerza las sospechas de las malas mañas.

Y tu partido, por llamar de esa forma al gang que lideras, porque está en la mayoría de los chanchullos que se conocen -que son los menos- y de los que se intuyen -que son los menos- en estas islas saqueadas.

Unas islas sujetas al tormento de las obras y servicios de mala calidad a alto precio el fruto hediondo de la corrupción. Unas islas en las que las empresas y profesionales que intentan mantenerse en la honestidad, están en doliente desventaja respecto a las bandas organizadas que se aprovechan de sus relaciones con el poder. En todo el estado, la gente está contemplando con horror los casos de corrupción.

Sin embargo, en un fenómeno que yo, Chema Tante, no consigo explicarme, lo que ocurre en Canarias, que se lleva la sucia palma en este asunto, no llama mucho la atención. Bueno, en realidad, sí tiene una explicación: lo que ocurra en la colonia, le tiene sin cuidado a la metrópoli.

Por eso aquí se pueden construir puertos sin necesidad ninguna, horadar barrancos y montañas sagradas, pintar barrancos, vender a ayuntamientos terrenos municipales, emporcar los mares, construir a todo trapo o gasear a la gente, todas esas cosas que inventa la insalla empresarial para forrarse, untando los ejes de las carretas políticas.

Sí, genuflexo Clavijo. Tú, con tus antecesores y tus compinches, tienen mucho que ver en este bochornoso puesto puntero que Canarias ocupa en la corrupción de estado. Que ya es decir, porque este estado todo está podrido de corrupción.

Paqui Rivero 2Paqui Rivero

El año 2017 está marcado por el recrudecimiento del problema de la violencia de género en el Estado español, que ha encontrado nuevas respuestas por parte de la ciudadanía y del movimiento feminista, generando una reacción de denuncia intensiva para exigir que la violencia machista fuera reconocida como cuestión de Estado. Todo ello culminaría, a finales del mes de julio, en el denominado Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Pero el punto de partida para abordar adecuadamente esta problemática en las islas debe ser el diagnóstico de la situación específica de Canarias.

Desde el año 2011, nos enfrentamos cada año a unos dos o tres asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en las islas, una cifra que aumentaría si se considerasen como víctimas de violencia de género a mujeres asesinadas por hombres que no entran dentro de la definición de la actual ley orgánica (por ejemplo, la mujer transexual en Santa Cruz de Tenerife). Obviamente, no podemos dejar de insistir en la gravedad del hecho de que, en lo que va de 2017, en Canarias han sido asesinadas cuatro mujeres (tres en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y una en la provincia de Las Palmas), una cifra que no se producía desde 2010.

Según datos de 2016, en Canarias nos encontramos con un incremento respecto a 2015 de los casos de violencia de género que se hacen visibles ante las instituciones y servicios de atención desplegados en las islas, siguiendo la pauta que también se produce en el conjunto del Estado español: aumento de las llamadas al 1-1-2, del número de víctimas en los juzgados de violencia de género, del número de denuncias (Canarias es la segunda comunidad con mayor índice de denuncias por cada 10.000 habitantes), de las órdenes de protección de las mujeres y menores, de los juicios celebrados y de las sentencias condenatorias. Sobra decir que las personas denunciadas e imputadas por estos delitos han sido mayoritariamente hombres.

El Pacto de Estado pretende dar respuesta a varios puntos débiles que el actual sistema legal mantenía, sobre los que se producían indefensiones de las víctimas. Pero, aun reconociendo otras formas de violencia contra las mujeres (la violencia y agresiones sexuales, el acoso y abuso sexual, la trata y el tráfico de mujeres…), pospone su abordaje para posteriores desarrollos legislativos, mientras que los estudios recientes (más allá incluso de los casos de los que los medios de comunicación se hacen eco) reconocen también un preocupante incremento de las agresiones y la violencia fuera de las parejas o exparejas, formas de violencia machista no reguladas en la ley de 2004.

Las imprescindibles tareas de prevención (…) quedan relegadas a un voluntarismo que no corresponde a un problema de orden estructural como lo es la violencia machista. Y sin prevención, la violencia machista tiene garantizado, indefectiblemente, mucho futuro

Tristemente, tienen que suceder casos como el que en estos días estamos viviendo: el espeluznante caso de la manada, para constatar las asignaturas pendientes, tanto al comprobar el machismo recalcitrante que todavía orienta las acciones de muchos hombres como al comprobar que las mujeres agredidas y violadas son convertidas en culpables por un sistema penal en el que aún hay quienes piensan que son las mujeres violadas las que tienen que demostrar que no consintieron la agresión.

Los datos obtenidos por la última macroencuesta de 2015 señalan una incidencia nada despreciable de la violencia física (que han padecido unas 12 de cada 100 mujeres españolas) y sexual (sufrida por el 7,2% de las mujeres). La mayoría de las agresiones físicas han sido realizadas por hombres (58,8%), pero sobre todo las sexuales (97,5%).

En líneas generales, de los datos aportados por el Instituto Canario de Igualdad y los cabildos insulares, responsables de los servicios de prevención, atención y acogida a las víctimas de violencia de género, podemos extraer algunas conclusiones de interés para la reflexión y algunas tendencias en la atención a la violencia de género. La primera de ellas es que las condiciones económicas de las mujeres víctimas de violencia de género son mayoritariamente de gran precariedad, siendo una mayoría desempleadas y sin ingresos propios o con ingresos muy reducidos. Por lo tanto, a la vulnerabilidad derivada del maltrato se une la que deriva de essa precariedad que dificulta su autonomía.

La segunda es que el marco doméstico y la relación afectiva como pareja o expareja caracterizan el tipo de violencia mayoritaria que se atiende en las instituciones, pero no es la única que se produce, existiendo dificultades para que los servicios existentes en este momento tengan capacidad para una intervención singularizada según los tipos de violencia machista que sufren las mujeres. Se constata la necesidad de financiación para poder afrontar el apoyo a las víctimas de agresiones sexuales (prevención, acogida, atención…), de igual manera que para la intervención especializada con las niñas y niños menores víctimas de violencia de género.

En el marco del trabajo institucional, no cabe duda de que además de disponer del máximo posible de información de diverso tipo para poder evaluar el trabajo realizado en la prevención, la acogida y la atención a las víctimas de las diferentes violencias de género es necesario afrontar, desde posiciones dialogadas y consensuadas, la formulación de propuestas de mejora que requieren, sin discusión, reformas en el modelo y la cuantía de la financiación del sistema generado al amparo de la Ley 16/2003, vigente en Canarias.

En particular, se hace cada vez más necesario definir por parte del Gobierno canario un marco de financiación plurianual de los servicios especializados, para que su mantenimiento no dependa cada año de la firma de convenios que ralentizan la transferencia anual a los cabildos para la gestión de las redes insulares de atención a la violencia de género.

A una financiación plurianual debemos añadir la importancia de un incremento sustantivo y permanente de los fondos destinados al sistema integral. Con escasez de fondos, las imprescindibles tareas de prevención, tanto en el sistema educativo como en los distintos ámbitos de la vida social, quedan relegadas a un voluntarismo que no corresponde a un problema de orden estructural como lo es la violencia machista. Y sin prevención, la violencia machista tiene garantizado, indefectiblemente, mucho futuro.

Consejera del Cabildo de Tenerife por Si Se Puede

Silvia Rodriguez copiaSilvia Rodríguez Court

Las movilizaciones masivas y las expectativas de millones de personas reclamando la derogación de la LOMCE se desvanecieron.

La marea verde ocupó las calles recobrando la palabra robada por el Gobierno estatal y por algunos Gobiernos de distintas comunidades autónomas. En todos los territorios del Estado español se crearon foros de debates con análisis sobre las consecuencias que traería para la Educación pública la implantación de dicha Ley. Asimismo se plantearon alternativas concretas y globales que desgranaban cada uno de los aspectos perniciosos de la LOMCE, defendiendo el carácter público, laico y democrático de la Educación. Se reclamaba un modelo y sistema educativo que garantizara el derecho universal a una educación pública y el principio de igualdad de oportunidades.

Aquella bocanada de aire fresco esparcida por todos los rincones en los ámbitos educativos abrió puertas a la esperanza: era posible tumbar la LOMCE tras las elecciones generales, atendiendo al compromiso contraído por la gran mayoría de los partidos políticos y sellados en sus programas electorales. Mientras tanto, se empezaba a fraguar un pacto por una nueva Ley educativa consensuada con la participación de los distintos agentes educativos. Se sucedieron diversos borradores e intercambios en encuentros a nivel estatal.

¿Qué ha sucedido desde entonces? Cabría señalar en primer término que actualmente es una realidad la implantación de la LOMCE. Este tema podría ser objeto de análisis en otro artículo de opinión.

El PP logró centrar el debate en la paralización de las reválidas –que no en su derogación-, mientras se profundizaba en una política de recortes dirigida a desmantelar la educación pública y a empeorar las condiciones laborales y profesionales del conjunto del profesorado. Se acometía una brutal embestida contra la labor docente y el alumnado, por un PP más débil que antes pero rodeado de fuerzas políticas que o bien consentían la puesta en práctica de la LOMCE, o respondían reclamando “medidas que amortiguaran dicho impacto”, o delegaban en una comisión parlamentaria la elaboración de una Ley alternativa. Una minoría siguió apostando por vertebrar ese pacto educativo fuera del Parlamento español, pero con poca capacidad de respuesta, ya que la marea verde quedó disuelta. Había perdido la batalla de impedir que la LOMCE entrara en los centros educativos. Una marea verde que se encontró en un callejón sin salida, exhausta, después de innumerables huelgas y movilizaciones sin obtener resultado alguno.

El PP logró imponer la Ley Wert y parece haberse naturalizado su aplicación en los distintos territorios del Estado español. En lo que respecta a Canarias nos encontramos con un Gobierno –el de Coalición Canaria- que no cuestiona cada paso que da el PP y que practica un seguidismo fiel a sus dictados.

Desde hace un año se constituyó una Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y en estos días el debate se centra en cuál ha de ser el sistema de voto para introducir modificaciones o para derogar la LOMCE. Todos los grupos parlamentarios hacen sus recuentos y sumas proponiendo algunos una mayoría cualificada, otros una mayoría absoluta o una unanimidad como sistemas de voto.

No parece que ese sea el debate que más preocupe a los agentes del ámbito educativo ni tampoco la vía, si no se implican en las propuestas alternativas también las organizaciones sindicales, sociales y las comunidades educativas y si finalmente no se deroga la LOMCE y tan solo se introducen pequeños cambios en la misma, como pretenden, entre otros, el PP y Ciudadanos.

¿Y el Gobierno de Canarias? En esta legislatura no se ha posicionado de un modo explícito ni Coalición Canaria ni la Consejería de Educación respecto a la LOMCE. Sin embargo, prevalece su mutismo y la aceptación implícita de la misma.

La Ley Canaria de Educación (LCE) se elaboró y aprobó entre otras razones para que sirviera de muro de contención frente a la LOMCE. Sin embargo, la interpretación sesgada que está haciendo el Gobierno de Canarias de la LCE está sirviendo para reforzar los postulados y la filosofía de la LOMCE.

La derogación de la Ley Wert es una necesidad imperiosa e inaplazable. El servicio público educativo está en peligro.

 

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El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife agravia la figura de Secundino Delgado

La escultura de Secundino Delgado, precursor del nacionalismo Canario, periodista y activista obrerista de Canarias, ubicado en el parque de su mismo nombre del barrio santacrucero de Salamanca, sufre desde hace meses un ostensible abandono y suciedad. El  grupo de gobierno municipal  de  Santa Cruz de Tenerife, prolonga por tanto este deplorable agravio a una figura histórica excepcional y especialmente emblemática para el conjunto de canarios por su decidida lucha por la libertad de Canarias y contra la postergación que las islas  de mano de los gobiernos de España. El entorno del busto, presenta similar y repulsivo y sucio aspecto. Este proceder contrasta con el celo que Coalición Canaria dispensa a personajes vinculados al militarismo y a gestas bélicas del colonialismo.