1506103937556gEl Gobierno ha acordado hoy denunciar ante la Fiscalía a la empresa Seguridad Integral Canaria al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, la remisión del caso al Ministerio Fiscal implica la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto a la empresa hasta que la justicia se pronuncie.

La compañía es propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y tiene presencia en todo el país por los concursos ganados para la vigilancia de edificios de distintas Administraciones públicas.

 

El Gobierno ya llevó ante la Fiscalía, antes del verano, a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa del sector que los sindicatos de la seguridad privada relacionan también con Ramírez, algo que niega el empresario

Ramírez ya tiene abierta una causa en un juzgado de Instrucción de Las Palmas por supuesto fraude a la Seguridad Social y Hacienda.

Largo e impune  historial delictivo

La intervención del gobierno español contra Ramírez, tiene una especial trascendencia ante la impunidad con la que Ramírez ha repetido sus actos delictivos, entre los que se encuentra la persecución y el despido de los representantes sindicales en sus empresas. Tanto es así que  el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria, "en connivencia con Ramírez", (según afirman círculos sindicales), llegó a condenar el pasado mes de enero al delegado sindical Jacinto Ortega y a su sindicato (Intersindical Canaria) en el sector de la seguridad privada, a indemnizar al propietario de Seguridad Integral Canaria, con 4.000 euros por haberlo llamado "corruptor", con motivo de una rueda de prensa que varias organizaciones ofrecieron para criticar las prácticas laborales de la empresa que dirige Ramírez.

Ahora, la actuación gubernamental, junto a otras anteriores, según afirman fuentes sindicales, "dejan con el culo al aire a Ramírez y al juez que le auxilió", en la campaña para silenciar a los representantes de los trabajadores. 

El empresario Miguel A. Ramírez, ha evadido hasta la fecha todas las condenas que le han sido impuestas por fraude al fisco o por otros  delitos de carácter social.