
El ejecutivo canario tendrá que explicar el hecho de que las diferentes partidas económicas, teóricamente dirigidas a los diferentes planes de empleo, no hayan incidido hasta ahora en una reseñable creación de puestos de trabajo. Pero, de lo que no exista duda, es que contrariamente a su cometido ante el elevado desempleo, el ejecutivo canario presidido por Fernando Clavijo, se haya convertido en una fábrica de destrucción de empleo en los servicios públicos que gestiona. Las convocatoria de las diferentes OPEs son sólo una operación de maquillaje de sustitución de contratos que, en la práctica, no crea ningún nuevo puesto de trabajo.
Abel Ramos, Dolores Pérez, Cati Darias, Ruymán Pérez, Coralia Lobato, Alberto Castañeda y Carmelo Gil
Miembros del Secretariado Nacional de Salud de Intersindical Canaria ofrecieron una Rueda de Prensa en la que enumeraron uno tras otro, los incumplimientos, mentiras, recortes, mala gestión y desmantelamiento al que el actual Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias y su equipo han sometido a la sanidad pública canaria.
Tras una exhaustiva exposición de la situación actual, Abel Ramos, Dolores Pérez, Caty Darias, Ruymán Pérez, Coralia Lobato, Alberto Casteñeda y Carmelo Gil, miembros del Secretariado Nacional de Salud de Intersindical Canaria, concluyeron que: "La alternativa es sólo una: No existen ni vamos a aportar fórmulas mágicas más allá de la adecuada dotación presupuestaria, con la reversión de los recortes de recursos humanos y materiales y una gestión y planificación basada en la leal defensa de lo público y sus trabajadores. La única forma, siempre desde la perspectiva de clase, de defensa de lo común y de garantes del derecho fundamental a la salud de la ciudadanía, y constatando que nunca ha existido tanta unanimidad social al respecto de la temeridad de este Gobierno de Canarias y su Consejería, y ante el riesgo inminente que el desmantelamiento de la Sanidad Pública Canaria llegue a un punto de no retorno, afirmamos que lo mejor que pueden hacer junto con sus equipos directivos por el bien de la ciudadanía canaria es, marcharse". .
CONTENIDO DE LA RUEDA DE PRENSA
La Federación Sindical Mundial (FSM), de la que es miembro INTERSINDICAL CANARIA, en representación de 95 millones de trabajadores en los cinco continentes y del movimiento obrero sindical clasista mundial, rechaza de la manera más rotunda la tentativa de golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicha injerencia, orquestada por el gobierno estadounidense, la OTAN y la UE y ejecutada por los portavoces de las transnacionales y los monopolios en el país, constituye una violación flagrante de las reglas más elementales del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela. Para la FSM, es un derecho inalienable de cada pueblo la capacidad de decidir por sí mismo, sin intervenciones ajenas, sobre su presente y futuro.
Asimismo, la FSM reitera, como ya lo ha hecho en varias ocasiones, su solidaridad con el pueblo venezolano, con la clase obrera y nuestras organizaciones afiliadas en el país ante esta amenaza imperialista. Además, llamamos al pueblo venezolano a rechazar las maniobras de los imperialistas y sus lacayos en la región, contra los planes de los asesinos de los pueblos. Seguiremos apoyando a la clase obrera venezolana, por la profundización del proceso bolivariano, hasta la abolición de la explotación del hombre por el hombre, rumbo a un mundo nuevo, sin guerras y barbarie imperialista. Este es el único camino a seguir para repeler los planes de los imperialistas.
¡Viva la solidaridad internacionalista!
Los representantes sindicales con el delegado del Polisario y la asociación de amistad saharaui SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
En rueda de prensa conjunta, las organizaciones de trabajadores canarios, informaron que Bachir Brahim, de 28 años, estudiante de tercero de Derecho en la Universidad de Agadir, llegó a la isla de Lanzarote en patera el pasado 11 de enero con la intención de pedir asilo, después de permanecer tres meses oculto ya que estaba siendo buscado por la policía marroquí.
A los pocos días de llegar a Lanzarote, el estudiante saharaui fue detenido por la policía española y llevado a la comisaria de Arrecife, hasta que el 17 de enero fue deportado a Marruecos sin cumplir con el trámite obligatorio de presentarlo ante la autoridad judicial ni tramitar su solicitud de asilo político
Husein Bachir, al que los ocupantes del Sáhara Occidental pretenden imponer la identidad de Lahoucine Amaadour en su política de cambiar los nombres saharauis, fue entregado a la policía marroquí y el 21 de enero se le encarceló en una prisión de Marrakech, bajo la acusación de “actividades políticas ilegales”.
La acusación “actividades políticas ilegales” confirma “la naturaleza política de la persecución que sufre Husein Bachir Brahim”, y deja sin argumentos al Gobierno español para intentar defender su comportamiento “absolutamente opuesto a lo que establecen las normas españolas y los convenios internacionales firmados por España para la protección y asilo de las personas perseguidas por motivos políticos,
Los sindicatos consideran que el comportamiento del Gobierno español es una colaboración abierta con el régimen de Marruecos en la persecución de los activistas saharauis”, y dice que se produce en la misma semana en la que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en el Parlamento Europeo la ampliación al Sáhara Occidental de los acuerdos en materia comercial, agrícola y pesquera establecidos entre la UE y Marruecos.
Las organizaciones sindicales reclamaron del presidente del gobierno canario que tiene previsto una visita oficial a marruecos el próximo 28 de enero, exija a las autoridades del país la inmediata liberación del joven estudiante, detenido y deportado desde Canarias.
Intersindical muestra su satisfacción ante la decisión de la consejería de sanidad del gobierno de Canarias de dejar en suspenso el contrato con la empresa Ralon, adjudicataria del servicio de limpieza en el Hospital de la Gomera, pero requiere del ejecutivo de Canarias y conjunto de instituciones públicas de las islas a que, con inmediatez, amplié tal medida al conjunto de contratos que mantiene esa mismo empresario en otras áreas laborales públicas, así como como con el conjunto de empresas esclavistas con las que conserva relación contractual en los diferentes servicios públicos de la islas, como Sinergias de Vigilancia y Novosegur, en las que al igual que Ralons, se impone a las personas el impago de salarios y unas condiciones laborales abusivas. Lógicamente, el rescate de los servicios debe incluir la subrogación del conjunto de los trabajadores de la empresa cesante tal como está establecido en los respectivos convenios de los sectores de Limpieza y Seguridad.
El gobierno canario y otras instituciones públicas como las Universidad de Las Palmas, los cabildos o los ayuntamientos, no pueden continuar mirando a otro lado cuando el dinero público que entregan a las empresas adjudicatarias de servicios, es malversado por éstas mediante el fraude de la sobreexplotación y la retención del abono de los salarios que corresponden a los trabajadores, prácticas estas que han merecido diferentes sentencias condenatorias de los tribunales de Justicia. Para Intersindical Canaria, el mantenimiento de relaciones de prestación de servicios con los empresarios infractores, coloca a las diferentes instituciones públicas en cómplices directos del delito y supone un incentivo para las empresas a continuar cometiendo fraude laboral. Ello, aparte de los demostrados perjuicios que estas empresas crean a los diferentes servicios a la ciudadanía mediante el fomento de la conflictividad laboral.
Los trabajadores canarios pinzados por el ejecutivo canario y el gobierno del PSOE La campaña de presión del gobierno de Canarias para elevar la financiación que recibe Canarias en los Presupuestos Generales del Estado, resulta para Intersindical Canaria nada convincente.
En primer lugar, el presidente Clavijo y sus consejeros tendrían que haber evaluado con mayor rigor la cuantía de las partidas económicas comprometidas y no cumplidas en sus hipotéticos acuerdos con el ejecutivo del PSOE, evitando así la ridiculez de reivindicar cantidades diferentes cada vez que abren la boca para exigir justicia retributiva al Estado.