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En el día de ayer amanecimos con dos malas noticias en materia migratoria y, en concreto, en lo referente a la ruta canaria, la más peligrosa de las utilizadas por las personas migrantes procedentes del continente africano.

Por un lado, el fallecimiento de 43 personas frente a las costas de Tarfaya cuando salían rumbo a Canarias, al hundirse el cayuco, que había solicitado auxilio a las autoridades marroquíes 8 horas antes, sin que este llegará. Necesario es recordar que la masificación de esta ruta se produce merced a las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea y a la actuación del FRONTEX, que han desplazado hacia el sur los intentos de entrar en el espacio comunitario. El dolor ocasionado por estas políticas tiene su máximo exponente en el número de personas fallecidas, convirtiendo las aguas territoriales de Canarias y su entorno en una inmensa fosa común en mitad del Océano Atlántico. Por aportar alguna referencia en relación a estas víctimas, en 2020 se sabe de 850 personas ahogadas, en el 2021 la cifra aumenta considerablemente hasta las 4.016, es decir, una media de dos personas trabajadoras que buscaban una mejor vida fallecidas cada 2 horas. Insistimos en que hablamos de cifras referenciales pues al tratarse de movimientos clandestinos de personas nadie sabe a ciencia cierta cuantas más deberíamos contar. Se trata de una tragedia de inmensas dimensiones ante la que la comunidad internacional calla una y otra vez, como si se tratará de meros accidentes. Se trata de asesinatos cometidos a través de la implementación de sus políticas migratorias.

Pero llegar a las costas canarias vivas no es garantía de que las condiciones mejoren como la experiencia demuestra. En noviembre de 2020, la masiva llegada a la isla de Gran Canaria provocó situaciones de autentico atentado contra los derechos humanos en el Puerto de Arguineguín del municipio de Mogán, donde llegaron a estar semanas durmiendo en el suelo, bajo carpas, sin condiciones sanitarias más de 12.000 personas. Existían alternativas como el traslado a territorio continental europeo, el alojamiento en establecimientos turísticos, mayoritariamente cerrado en aquellos momentos. La situación fue denunciada ante los tribunales por el Ayuntamiento de Mogán, tras las denuncias públicas realizadas por diversas ONGs, Europarlamentarios, Parlamentarios de distintas naciones del estado español y un informe contunden del defensor del pueblo. La Denuncia ha sido archivada definitivamente. Independientemente de las razones reales que llevaran a dicho grupo de gobierno local a presentar dicha denuncia, preservar sus espacios turísticos, que no compartimos, la realidad nos coloca cada día ante la vulneración permanente de los derechos humanos y laborales de las personas migrantes y la judicatura mira hacia otro lado o cambia fiscales para impedir que estas vulneraciones sean condenadas adecuadamente, manifestando su carácter racista y discriminatorio una vez más.

En Euskal Herria a diario, decenas de personas cruzan esta frontera arriesgándose a algo más que a una detención. Concretamente en los últimos meses, siete personas han muerto en el rio Bidasoa intentando cruzar la frontera impuesta por el Estado Español y Francés. La política migratoria, la militarización de las fronteras, la vulneración del derecho humano a la libre circulación de las personas, los controles selectivos por perfil étnico-racial, las devoluciones “en caliente” y la ley de extranjería del estado español, por acción u omisión, tienen responsabilidad en todo esto. No son accidentes aislados, suceden demasiado frecuentemente. La frontera que se impone para dividir Euskal Herria de norte a Sur, se ha convertido en la frontera de la muerte para las personas migrantes en tránsito.

Las organizaciones sindicales que suscribimos el presente comunicado, como organizaciones de clase, nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo sistemáticamente a la agresión a la clase trabajadora sea de donde sea y venga de donde venga. Por ello manifestamos:

  1. Nuestra solidaridad con las personas migrantes que llegan arriesgando sus vidas a las costas del Archipiélago Canario.
  2. Exigimos seguridad en los traslados, Europa debe abrir sus puertas a la población del continente que lleva expoliando más de cinco siglos, facilitando sus proyectos migratorios que no se centran en Canarias sino en el espacio continental europeo. Por ello seguiremos luchando por la derogación de la ley de extranjería y el fin de las políticas migratorias represivas de la Unión Europea.
  3. Exigimos que los gobiernos español y marroquí dejen de considerar las vidas de las personas migrantes y el territorio y aguas de Canarias moneda de cambio en las políticas entre ambos.
  4. Instamos el cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos y en concreto de su articulo 14, que regula la libertad de movimiento de todo ser humano.
  5. Exigimos, en paralelo, el respeto al derecho a vivir en la propia tierra para lo que es necesario que los gobiernos del norte y sus multinacionales dejen de expoliar a los países del sur y, en concreto, al continente africano. Abogamos por el derecho a vivir en paz y dignamente de los pueblos, el derecho a la soberanía sobre sus recursos, su derecho a la autodeterminación y la independencia nacional.

 

A 20 de enero del 2022

 

Fdo: Confederación Intersindical, COS Països Catalans, CSI Asturies, CUT Aragón, CUT Galiza, ESK Euskal Herria, IAC Catalunya, Intersindical Canaria, Intersindical de Catalunya,  Intersindical Valenciana, LAB sindikatua Euskal Herria, SAT Andalucia, Solidaridad Obrera, Sindicato 25 de Marzo Extremadura, STEI Balears, STEILAS Euskal 

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